La ONU no resolverá pronto el reclamo de Cristina Kirchner contra la condena de Vialidad

El Comité de Derechos Humanos de la ONU descartó una definición cercana sobre la presentación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta cuestiona ante ese organismo la condena de la causa Vialidad. El Comité aclaró que aún no resolvió si admite el reclamo a trámite.

Según el organismo, el volumen de casos que maneja hace que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suela tardar varios años. Es decir, primero debe definir si el planteo cumple los requisitos para ser tratado y, recién después, analizar si hubo vulneración de derechos. Según se informó, el Comité está integrado por 18 expertos independientes. También se informó que la primera evaluación sobre la admisibilidad puede llevar varios meses. Uno de los requisitos habituales es haber agotado los recursos judiciales internos, aunque hay excepciones.

Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron tres pedidos cautelares, es decir, medidas urgentes mientras se tramita el reclamo. Piden suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y revisar las condiciones de la prisión domiciliaria. También piden que se recomponga la Corte Suprema, que según la defensa es "imposible que funcione con tres miembros".

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la causa por la obra pública en Santa Cruz. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025. La presentación ante la ONU se hizo el 29 de septiembre, en un momento en que sectores del peronismo impulsan su eventual candidatura.

Políticamente, la respuesta del Comité enfría las expectativas del kirchnerismo de obtener un alivio internacional en el corto plazo. El pedido sigue abierto, porque el organismo no lo rechazó. Pero los tiempos que anticipó se alejan del calendario electoral. Además, según se informó, una eventual resolución del Comité no sería vinculante para el Estado argentino.