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El Jury bonaerense suspendió al camarista García Maañón y le embargó el 40% del sueldo

El Jurado de Enjuiciamiento admitió la acusación contra el juez de la Cámara de San Isidro, acusado de acoso sexual y laboral. Ahora el proceso avanza hacia un juicio que puede terminar en su destitución.

Por Redacción Punto de Justicia
El Jury bonaerense suspendió al camarista García Maañón y le embargó el 40% del sueldo

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires suspendió al juez Ernesto García Maañón. El magistrado integra la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. El Jurado también ordenó embargarle el 40% del sueldo. Lo hizo después de admitir la acusación en su contra.

Según la resolución, el Jurado consideró verosímiles los cargos que se le imputan. La suspensión rige desde la notificación y la medida debe comunicarse al Poder Ejecutivo provincial. Según se informó, el gobernador Axel Kicillof tampoco podrá aceptarle la renuncia que el juez había presentado. En una carta al gobernador, García Maañón había dicho que renunciaba para preservar 38 años de ejercicio irreprochable de la magistratura.

El caso llegó al Jurado por una presentación del procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand. Después se sumaron las acusaciones del Colegio de Abogados de San Isidro y de la denunciante, una funcionaria de la Cámara. Ella denunció los hechos ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. Según la acusación, además del presunto acoso sexual y laboral hubo malos tratos, uso de recursos públicos para asuntos personales, delegación de la firma digital y presiones sobre posibles testigos.

Entre las pruebas del expediente figuran más de 150 audios y conversaciones de WhatsApp. García Maañón rechazó las acusaciones, negó haber acosado a nadie y sostuvo que los testimonios fueron interpretados fuera de contexto.

El próximo paso será el juicio oral y público ante el Jurado, que definirá si corresponde destituir al juez. La decisión de hoy no es una condena. Es una medida previa que lo aparta del cargo mientras se tramita el proceso. En paralelo, la Justicia penal de San Isidro investiga los hechos con intervención del fiscal José Amallo.