Sobreseyeron a Javier y Karina Milei y a otros nueve imputados en la causa por la criptomoneda $LIBRA
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró la investigación por el lanzamiento del token $LIBRA. Consideró que los hechos denunciados no encuadran en ningún delito, como había pedido el fiscal Eduardo Taiano.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 dictó este viernes el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en la causa por el token $LIBRA. El sobreseimiento es una resolución que cierra el proceso a favor de una persona investigada. El juez Marcelo Martínez de Giorgi extendió la medida a los otros nueve imputados, de modo que alcanzó a los once investigados.
La decisión respondió a un pedido del fiscal Eduardo Taiano, que había reclamado el cierre del expediente para todos los acusados. Según la resolución, los hechos denunciados no encuadran en una figura penal. El tribunal descartó tres delitos: estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. También descartó el de negociaciones incompatibles con la función pública.
Sobre la estafa, el juzgado concluyó que no se demostró un engaño penalmente relevante. Señaló que el token operó en el mercado cripto, que es especulativo y volátil, y que no se garantizaron rendimientos. Agregó que no se probó una maniobra fraudulenta planeada de antemano y que la caída de la cotización no basta, por sí sola, para configurar el delito. El magistrado admitió que la publicación presidencial pudo dar más visibilidad al proyecto y reforzar la confianza de los compradores. Aun así, sostuvo que eso no acreditaba una maniobra fraudulenta.
Respecto de Milei, el juzgado entendió que difundir el proyecto desde su cuenta personal de la red social X no fue un acto institucional. Tampoco implicó el uso de recursos públicos. La resolución tuvo en cuenta que la Oficina Anticorrupción ya había descartado violaciones a la Ley de Ética Pública. Además, no se hallaron acuerdos confidenciales ni contratos estatales que vincularan la función pública con la iniciativa privada.
El lanzamiento del token ocurrió en febrero de 2025. Su valor subió con fuerza en pocos minutos y luego se desplomó. Eso motivó numerosas denuncias por presunta estafa. Según la información disponible, la investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos, estudios de trazabilidad de las operaciones en la red Solana y pedidos de cooperación judicial a Estados Unidos. En las fuentes consultadas no consta si la decisión será apelada.