Gils Carbó vuelve al banquillo por la compra del edificio de la Procuración
La exprocuradora general declaró en el juicio oral por la adquisición del inmueble de Perón 667, donde se investiga un presunto direccionamiento de la licitación. Se remitió a sus dichos de 2017 y su defensa insiste en que no hay delito.
La exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó prestó declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal N° 8, en el marco del juicio por la compra del edificio del Ministerio Público Fiscal ubicado en Perón 667, en el microcentro porteño. La exfuncionaria optó por leer las respuestas que ya había dado en 2017, durante la instrucción de la causa, y no sumó precisiones nuevas ante las preguntas del fiscal de juicio Marcelo Colombo.
El mismo criterio siguieron el resto de los acusados: el productor de seguros Juan Carlos Thill, el exdirectivo de Arfinsa Adrián González Fischer y Bárbara Jaureguiberry, de la inmobiliaria que intervino en la operación. Todos se remitieron a sus indagatorias previas o directamente se negaron a declarar, aunque podrían hacerlo más adelante en el debate.
La causa investiga la compra del inmueble en 2013 por 43.850.000 pesos, luego de que se dejara sin efecto una licitación anterior que, según la acusación, hubiera permitido al Estado pagar unos 27.000.000 de pesos. La hipótesis fiscal sostiene que hubo un direccionamiento acordado de antemano con la empresa vendedora Arfinsa, del Grupo Bemberg, que pagó comisiones millonarias a la inmobiliaria Jaureguiberry y esta, a su vez, a Thill, quien habría tenido acceso a información privilegiada de la licitación a través de su medio hermano Guillermo Bellingi, entonces subdirector general de la Procuración y a cargo del proceso licitatorio. Bellingi se suicidó días antes del inicio del juicio.
La lectura política
El planteo de la defensa de Gils Carbó, a cargo de Alejandro Rúa, se apoya en un dato no menor: actuaciones posteriores del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y una resolución del procurador interino Eduardo Casal concluyeron que la licitación no estuvo direccionada. Rúa ilustró su argumento con una metáfora elocuente: comparó la situación con juzgar un homicidio cuando la supuesta víctima reaparece con vida. El tribunal, integrado por Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, resolverá ese planteo recién al dictar sentencia, lo que mantiene en vilo el destino procesal de la exprocuradora hasta el final del debate.
El caso tuvo además un giro relevante en la calificación legal: la Cámara Federal cambió la acusación original de administración fraudulenta por la de negociaciones incompatibles con la función pública, al entender que el Estado no sufrió un perjuicio económico directo comprobado, aunque sí podría haber existido un direccionamiento ilegal. Ese matiz reduce la magnitud de la imputación contra Gils Carbó, aunque no la saca del expediente. El desenlace del juicio quedará en manos del TOF N° 8, que deberá sopesar tanto la prueba producida en el debate como las conclusiones posteriores de la PIA y la Procuración que invoca la defensa.
FuenteInfobae