El oficialismo evitó el archivo de la investigación al juez Raúl Ojeda en el Consejo de la Magistratura
Con el voto del diputado libertario Gonzalo Roca, la Comisión de Acusación mantuvo en trámite la denuncia contra el juez laboral que suspendió artículos de la reforma laboral. Asociaciones de jueces y abogados advierten un intento de presión sobre la Justicia.
El oficialismo logró que siga abierta en el Consejo de la Magistratura la investigación contra el juez laboral Raúl Ojeda. Fue el magistrado que, a pedido de la CGT, dictó una cautelar contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La denuncia había sido presentada en abril.
Según la información disponible, el voto decisivo en la Comisión de Acusación, el área del Consejo que analiza las denuncias contra jueces, fue del diputado de La Libertad Avanza Gonzalo Roca. Con ese voto se rechazó el pedido de archivo que había planteado la diputada y representante sindical Vanesa Siley. La continuidad del expediente habilita ahora la producción de pruebas.
La denuncia fue impulsada por el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), una organización que reúne a empresarios y dirigentes políticos cercanos al oficialismo. Entre sus referentes figuran la diputada Verónica Razzini, la senadora Patricia Bullrich y la dirigente Florencia Arietto. El grupo no obtuvo personería como asociación civil a nivel nacional: la Inspección General de Justicia rechazó su inscripción y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esa decisión. Solo logró un reconocimiento limitado a Santa Fe.
La Asociación de Jueces del Trabajo y la Asociación de Abogados Laboralistas, entre otras entidades, rechazaron el avance del trámite. Sostienen que la investigación se vincula con una resolución judicial favorable a la CGT. Advierten que usar el régimen disciplinario por el contenido de una sentencia puede afectar la independencia judicial. Abrir una investigación, aclara la fuente, no implica por sí mismo que existan motivos para una destitución.
La cautelar que dictó Ojeda en marzo de 2026 suspendió más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral. El Gobierno la cuestionó y también discutió la competencia del fuero laboral. Después, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó sin efecto la medida y la reforma volvió a regir. En octubre, la Justicia laboral declaró inconstitucionales los artículos 79 y 94 en un litigio de trabajadores despedidos de ACUMAR. La demanda de fondo de la CGT sigue sin resolución definitiva.