Comodoro Py abrió una investigación preliminar por la salida de Flávio Bolsonaro vía Argentina
La fiscal Paloma Ochoa y la jueza María Eugenia Capuchetti reúnen información sobre el paso de Bolsonaro por el país, tras una denuncia contra el Presidente y funcionarios. El Gobierno sostiene que no hubo delito y confía en que la causa no avance.

En los tribunales federales de Comodoro Py tramita una investigación preliminar, una etapa previa a la causa penal formal, por el paso del excandidato brasileño Flávio Bolsonaro por la Argentina. La impulsó una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, que apunta contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Son acusaciones y no hay ningún imputado.
La fiscal Paloma Ochoa no pidió abrir una investigación formal apenas recibió la denuncia. Le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas para decidir después si corresponde ampliar la pesquisa. Entre ellas figuran un pedido al Gobierno para que preserve las imágenes de las cámaras del aeropuerto de Iguazú del 27 y 28 de octubre, y un informe a Migraciones sobre los controles al avión privado y a sus pasajeros. También se busca saber si las autoridades argentinas recibieron algún aviso o exhorto sobre la prohibición de salir de Brasil que le había impuesto el juez Alexandre de Moraes. Ese punto es clave para evaluar un posible incumplimiento de funciones.
Según la información oficial, Bolsonaro dejó su país el martes a la noche y cruzó por el puente internacional Tancredo Neves, hacia Puerto Iguazú, a las 22:50. La Cancillería confirmó el horario. Luego abordó en el aeropuerto de Iguazú un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos. Las denuncias mencionan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) por los trámites migratorios y la supuesta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También nombran al asesor Santiago Caputo. El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió su presentación contra el titular de la PSA y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá.
El Gobierno responde que no hubo ninguna irregularidad. Migraciones informó que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso de Bolsonaro, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo ratificó. A eso se suma que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú hizo su propia verificación preliminar y no halló irregularidades en la actuación migratoria, criterio que respaldó la Fiscalía de Revisión. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no hay registros de la salida de Bolsonaro y su familia. Sostuvo además que las restricciones sobre documentos de viaje, por sí solas, no convierten a una persona en fugitiva ni habilitan su arresto o vigilancia.
Lo que sigue es que, una vez reunida la información pedida, Capuchetti se la remita a Ochoa. La fiscal deberá dictaminar si impulsa una investigación formal y propone medidas de prueba, o si pide desestimar la denuncia por falta de elementos. Esa definición podría llegar en los próximos días. Voceros del oficialismo se muestran confiados en que el expediente no prosperará, aunque todavía no hay una decisión judicial sobre el fondo.