La Corte rechazó el pedido de Alberto Fernández y la causa por violencia de género queda en Comodoro Py

La Corte Suprema rechazó este jueves un planteo del expresidente Alberto Fernández para sacar de Comodoro Py la causa en la que está acusado de violencia de género, amenazas y lesiones. La denuncia la presentó su expareja. El tribunal resolvió que la investigación siga en el Juzgado Federal N.º 10.

Firmaron la decisión los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según se informó, coincidieron con el dictamen de la Procuración General de la Nación, que había defendido la competencia de la Justicia federal. Con ese criterio zanjaron el conflicto de competencia, es decir, la discusión sobre qué tribunal debe llevar el caso.

La defensa del expresidente discutió la competencia de Comodoro Py en distintos momentos. Primero pidió que el expediente pasara a la Justicia de San Isidro, con el argumento de que los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos. Después reclamó su traslado al fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, Fernández denunció ante un juzgado porteño un supuesto hostigamiento de su expareja desde España. En octubre de 2025, la Cámara de Casación Contravencional y de Faltas porteña impulsó un pedido de inhibitoria dirigido al juez federal Julián Ercolini. Es el mecanismo por el cual un tribunal le pide a otro que se aparte de un caso. Así se llegó a la Corte.

La causa nació a partir de mensajes y fotografías halladas en el teléfono de la secretaria del expresidente. Se encontraron durante la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros en organismos públicos. Hoy el expediente está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, tras el apartamiento de Ercolini.

El fallo es un revés para la estrategia de la defensa, que no logró cambiar de fuero ni de juzgado. Además, la Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de Fernández. Había considerado que los episodios denunciados conformarían un cuadro de violencia continuada que habría afectado la salud de la denunciante. El procesamiento no es una condena: el expresidente conserva la presunción de inocencia y la causa sigue en etapa de investigación.