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Sábado 7 de noviembre de 2026 · Edición Argentina
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Casal aprobó una guía fiscal para acompañar a víctimas de atentados terroristas en el proceso penal

El procurador general interino aprobó un protocolo del Ministerio Público Fiscal que fija cómo asistir a las personas afectadas por ataques terroristas durante la investigación y el juicio. El texto parte de la experiencia de los casos AMIA y Embajada de Israel.

Por Redacción Punto de Justicia
Casal aprobó una guía fiscal para acompañar a víctimas de atentados terroristas en el proceso penal

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó el Protocolo de intervención para el acompañamiento de víctimas de atentados terroristas en el proceso penal. La norma rige para el Ministerio Público Fiscal y establece pautas de actuación desde el primer contacto con las personas afectadas y a lo largo de todo el proceso.

El documento lo elaboraron la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). Ambas áreas también serán las encargadas de ejecutarlo. La guía establece criterios comunes para los equipos interdisciplinarios del organismo y orienta el trabajo de las fiscalías.

Uno de los ejes es el respeto a la voluntad de cada damnificado. Según el protocolo, el acompañamiento no puede ignorar lo que la persona decide de manera expresa. Además, la investigación penal debe evitar que se agrave el daño que ya sufrió.

El alcance es amplio. Comprende a familiares, dependientes y testigos. También a rescatistas que sufrieron daños y a personas expuestas al riesgo de futuros ataques. El protocolo incluye además a fiscales y equipos de acompañamiento, que quedan expuestos a relatos y escenas de alta carga emocional. Para ellos prevé medidas de detección y atención del estrés traumático, la fatiga por compasión y el agotamiento profesional.

El texto se apoya en la experiencia acumulada en las causas por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel. Son los dos casos de terrorismo con mayor impacto institucional en el país. La medida busca ordenar, con reglas escritas, la relación entre la fiscalía y las víctimas en investigaciones de este tipo. En la información disponible no constan plazos de implementación.