Tras su sobreseimiento en $LIBRA, Milei evalúa denunciar a periodistas y cuestiona la comisión del Congreso

El presidente Javier Milei afirmó que evalúa iniciar acciones legales contra periodistas y medios por la cobertura de la causa $LIBRA. Habló en una entrevista radial, un día después de que se conociera su sobreseimiento. Primero había dicho que llevaría las denuncias a la Justicia. Después aclaró que antes lo analizará con sus abogados.

El sobreseimiento lo dictó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8. La resolución se conoció el viernes 23 de octubre. Alcanza a Javier Milei, a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a otros nueve investigados, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis y el trader Mauricio Novelli. Sobreseer significa cerrar la causa a favor de una persona porque no hay delito que juzgar.

El juez aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano. Según la resolución, los hechos investigados no encuadran en una figura penal. Tampoco se demostró un engaño penalmente relevante que permitiera sostener una estafa. El magistrado consideró que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto, pero que eso no prueba por sí solo una maniobra fraudulenta. La causa investigaba el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que Milei difundió en febrero de 2025, y su posterior desplome. Ninguno de los investigados fue citado a indagatoria.

En la entrevista, el Presidente sostuvo que fue víctima de una "operación" mediática. "Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días", dijo. Apuntó contra un diario, su director y un periodista de ese medio. También criticó la comisión investigadora que el Congreso creó sobre $LIBRA. La calificó como una "irregularidad institucional enorme" y como un avance sobre las funciones de la Justicia.

Sobre lo que sigue, las versiones difieren. Algunas indican que el fallo puede ser recurrido. Otras señalan que las querellas, es decir, los denunciantes particulares, ya habían sido excluidas del expediente. Según esas versiones, con el fiscal pidiendo el cierre no quedaría un acusador que apele. Hay recursos de queja pendientes ante la Cámara Federal de Casación Penal vinculados a la exclusión de las querellas.