Los jueces orales federales le ponen límites a Rosatti ante la reforma procesal

El Colegio de Jueces de Tribunales Orales Federales de la Ciudad de Buenos Aires envió una nota a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, para cuestionar una eventual unificación de sus funciones con las de los jueces de garantías. La advertencia llega en la antesala de la implementación del Código Procesal Penal Federal, prevista para febrero, que instala el sistema acusatorio en el fuero federal porteño.

El documento, firmado por la jueza Sabrina Namer, presidenta del Colegio, y el juez Néstor Costabel, vicepresidente, sostiene que las agendas de los tribunales orales ya están completas para 2027, con juicios de relevancia que incluso se fijaron para días sábados. Entre esos casos mencionan el juicio por la causa Los Sauces, que tiene como acusada a la expresidenta Cristina Kirchner. Los jueces objetan además que las estadísticas oficiales midan la carga laboral solo por horas de audiencia, sin contar el estudio de peritajes, la redacción de sentencias ni el control de ejecución de penas.

La pulseada por el reparto de poder en el fuero federal

El planteo expone una tensión entre los tribunales orales y quienes diseñan la reforma procesal: los jueces de juicio reclaman no quedar afuera de las decisiones que redefinen su rol y advierten contra 'una toma de decisiones apresuradas' basada en consideraciones teóricas ajenas a la complejidad de causas por corrupción, criminalidad organizada y narcomenudeo. La mención expresa a la causa Los Sauces no es menor: subraya que cualquier cambio de competencias podría impactar en juicios políticamente sensibles que ya están en marcha o por iniciarse.

Los magistrados también reclaman que se retomen las gestiones vinculadas con las acordadas 2 y 4 de 2025 de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenaron crear una Oficina Judicial para el Colegio de Jueces y un reglamento propio, incluida la designación de un director general. Esa demanda suma presión sobre Casación y sobre el propio Consejo de la Magistratura para que definan reglas antes de que arranque el nuevo sistema.

Lo que sigue depende de Rosatti y del Consejo de la Magistratura, que deberán decidir si convocan a los jueces de tribunales orales a las mesas de trabajo que reclaman antes de resolver cualquier unificación de funciones. La implementación del Código Procesal Penal Federal en febrero marca el plazo político y administrativo en el que esa definición no podrá seguir postergándose.

FuenteInfobae