Acueducto Gran Tulum: el juzgado federal de Rafecas reitera su pedido a San Juan en la disputa por la competencia
El Juzgado Federal N.º 1 de Comodoro Py volvió a pedirle a la jueza de Garantías sanjuanina Mónica Lucero que informe el estado y el objeto de la causa. La pulseada entre los fueros sigue abierta y hay una audiencia provincial prevista para el martes 10 de noviembre.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, subrogado por el juez Daniel Rafecas, reiteró a la jueza de Garantías de San Juan, Mónica Lucero, un pedido de información sobre la causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. Quiere saber qué hechos se investigan, qué alcance tiene la pesquisa y en qué etapa está. Según se informó, el nuevo pedido se hizo mediante un pronto despacho, un recordatorio para que se responda un requerimiento anterior.
El pedido se enmarca en una inhibitoria, un planteo por el cual un juez le pide a otro que se aparte de una causa porque considera que no es competente. La presentación original fue de la defensa de Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) e investigado en el expediente. La hizo el 9 de octubre ante la Cámara Federal porteña, a través del abogado Mohamed Nasser Uzair. Rafecas le dio curso inicial el 13 de octubre y pidió informes a la jueza Lucero y a la fiscalía provincial.
Las defensas sostienen que el caso debe tramitar en Comodoro Py. Argumentan que la obra se financió en gran parte con fondos del Estado nacional y que hay afectación del erario público de la Nación. Del otro lado, la parte denunciante sostiene que la causa debe seguir en San Juan. El fiscal general de la Corte de Justicia provincial, Guillermo Baigorrí, dijo a título personal que el traslado le parece insostenible. Aclaró que la decisión corresponde a los jueces.
El nuevo requerimiento federal llegó después de que el fiscal Sebastián Gómez, de la UFI de Delitos Especiales, se negara a remitir documentación técnica de la investigación. Hasta ahora el juzgado federal no aceptó la competencia ni ordenó el traslado del expediente. La causa provincial tampoco quedó suspendida. La respuesta de Lucero será clave para que Rafecas decida cómo sigue el trámite. Si los dos fueros sostienen su postura, el conflicto podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En paralelo, la investigación provincial tiene una audiencia fijada para el martes 10 de noviembre a las 14:30, en la Sala N.º 9 de Tribunales de San Juan. Allí se prevé la formalización de la investigación contra los once investigados. La disputa por la competencia condiciona el avance de la causa. En San Juan también se leen sus efectos en la interna del peronismo local.