Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes en $LIBRA, causa cerrada para Milei

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar, por mayoría, a un recurso de queja de dos inversores de la criptomoneda $LIBRA. Con eso concedió el recurso de casación y habilitó la revisión del rechazo a que sean querellantes, es decir, acusadores particulares con derecho a intervenir en el expediente. La Sala la integran Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar.

El fallo todavía no repone a los damnificados como querellantes. Tampoco reabre la investigación ni deja sin efecto los sobreseimientos del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de otros nueve investigados. Esas decisiones las había tomado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Según se informó, Slokar consideró que los agravios de los inversores podían encuadrar en alguna de las causales del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

El planteo de los inversores había sido rechazado primero por el Juzgado Federal N° 8. Después lo confirmó la Sala I de la Cámara Federal porteña. Ahora Casación revisará esa exclusión, y el resultado puede ser decisivo. Si los reconocen como querellantes, tendrían legitimación propia para impugnar el cierre de la causa. Hoy ese cierre sigue en discusión sobre todo por la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que conduce Sergio Rodríguez y que pidió reabrir la investigación.

El contexto político pesa. El fiscal Eduardo Taiano fue quien pidió el sobreseimiento de los once investigados, con el argumento de que los hechos no constituían delito. Martínez de Giorgi lo aceptó y sostuvo que la promoción de $LIBRA y la caída posterior de su precio no alcanzaban para acreditar una estafa. Sin querellantes, la continuidad del expediente depende de la fiscalía especializada. Con ellos, el Gobierno enfrentaría una parte acusadora que no depende del criterio de Taiano.

Lo que sigue es un trámite por etapas. Según se informó, las partes y los presuntos damnificados tendrán diez días hábiles judiciales para presentar sus argumentos ante Casación. En ese tribunal estiman que la audiencia podría hacerse este año y que la decisión llegaría después de la feria judicial de enero. Por otro lado, hay grupos de pretensos querellantes que también apelaron los sobreseimientos dentro del plazo habitual.